Diferentes asociaciones de usuarios de Internet han firmado un manifiesto común donde demandan a la totalidad de los grupos parlamentarios que dentro del articulado de la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI), que se encuentra en trámite actualmente, una enmienda que sitúe a la banda ancha como servicio universal que transforme un negocio de telecomunicaciones un “derecho ciudadano”. Para ello, estas asociaciones afirman que sería la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones sería la garante de dicho derecho.

Así, en su declaración conjunta, los colectivos reclaman que la banda ancha se extienda a todos los ciudadanos, con independencia de la tecnología que la suministre y a precios asequibles y razonables. “independientemente del tipo de tecnología utilizada en cada caso y a precios razonables”. Para ello, piden que sea el Gobierno el que analice tanto las opciones tecnológicas como las condiciones de los proveedores para garantizar este derecho a ciudadanos y empresas.

Por ello los usuarios demandan que la Administración colabore con todos los sectores para evaluar y realizar un informe anual, que sea un barómetro sobre la situación de los servicios de banda ancha. Este documento serviría para trazar nuevas medidas y establecer propósitos para el despliegue de este tipo de servicios.

Las entidades públicas en general también tiene su papel en la propuesta internauta, ya que según los usuarios, juegan un papel fundamental, ya que sus propuestas de reforma afectan a la Disposición adicional segunda del texto, que modifican para exigir al Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, “que impulse la extensión de la banda ancha con para conseguir, antes del 31 de diciembre de 2007, una cobertura de servicio universal”.

Pero las asociaciones no se quedan sólo en esto y quieren garantizar las libertades, por lo que exigen que los órganos competentes que puedan suspender publicaciones, textos, imágenes, grabaciones y cualquier tipo de comunicación electrónica, sean juzgados y tribunales, ya que en el controvertido anteproyecto de dicha Ley se vislumbró la posibilidad de otorgar dicha potestad a las entidades gestoras de derechos.

Entre otros colectivos, suscriben dicho documento, asociaciones como Hispalinux, FFII, Ritsi, Comfia-CCOO, Copyme, Ati, Internautas, AI2, Linux.es, Apemit, Inciativa Focus, Legalventure, Iglues, ESLIC, AGNIX, LiMa, LiCor, GCubo, Informáticos Penitenciarios, Fundación Ciencias de la Documentación, IEPALA y GALPon, entre otros.

Fuente: Cibersur